Los derechos humanos no existen para las personas inocentes que son víctimas del régimen de esta política para contrarrestar la violencia y que sumerge al país en otra crisis política.

De acuerdo con familiares de los detenidos, a ellos no se les ha comprobado los hechos delictivos, pero para cumplir con la cuota impuesta por sus superiores, tanto la policía como el ejército realizaron entre marzo a septiembre detenciones masivas.

El último informe presentado por Human Rights Watch y Cristosal, documentó que en El Salvador, muchos de ellos han sufrido gravísimas violaciones a los derechos humanos sin tener nada que ver con las pandillas.

Para la oposición, los numerosos supuestos pandilleros detenidos son la clave para elevar la popularidad del gobierno y tapar las graves violaciones que se están cometiendo dentro de los centros penales.

Señalan los hombres y mujeres que hoy guardan prisión que  fueron detenidos de forma arbitraria, torturados e incluso se acusa al gobierno que algunos  reclusos fueron  asesinados mientras estaban bajo la custodia del Estado.

Algunos también enterrados en fosas comunes mientras afuera la familia esperaba tener noticias de su paradero. Según investigaciones de estos organismos, al menos unos 80 salvadoreños perdieron la vida dentro de las prisiones sin tener relación con las estructuras delincuenciales.

La vocera del Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (Cofappes), Ivania Cruz, dijo que el gobierno “del derechista” Nayib Bukele lleva a cabo la ofensiva contra los derechos humanos escudado en la lucha contra las pandillas a través de un régimen de excepción.

Esto ha provocado un descontento popular, incluso ha obligado a mucha gente emigrar por miedo a ser detenidos por la policía o la fuerza armada, las cuales están empoderadas por el presidente.

Población alza la voz

No solo el régimen de excepción ha hecho que los salvadoreños expresen el rechazo a políticas que atentan contra los derechos humanos, la libertad de prensa y el Estado de Derecho.

Las primeras muestras de desagrado a la forma de gobernar se dieron con la primera protesta masiva en rechazo al control del Poder Judicial y la imposición del bitcoin como moneda de curso legal, tomándolo por sorpresa.

Desde entonces, el gobierno implementa retenes cada vez que la sociedad civil anuncia marchas contra las políticas represivas y autoritarias que han socavado la democracia.

A este rechazo se sumó la Red Mundial de salvadoreños por la Democracia (REMUSADES) para denunciar la dictadura que se está instaurando en el país y recordando que la democracia es fruto de los Acuerdos de Paz.

Bukele engañó a la población, “creíste que nos podrías llevar por un camino equivocado para robar a la gente, sembrando el odio de unos contra otros, pero ya llegó el final, nadie te cree”, enfatizó el científico de la Diáspora, Carlos Vela.

La corrupción enquistada en el gobierno es otro de los reclamos hacia el presidente salvadoreño, ya que se dio el “lujo de humillar a los corruptos frente a la población, pero “protege a los nuevos corruptos de su gobierno”, expresa la población.

Sin embargo, la gota que esta a punto de hacer rebalsar el vaso, es el régimen de excepción. Los familiares han acudido a las instituciones como la Procuraduría parala Defensa de los Derechos Humanos , pero nadie “mueve un dedo por los inocentes”, señala uno de los familiares.

Las protestas para exigir la libertad se vuelven comunes en las calles de San Salvador y aunque no son multitudinarias como las primeras, alzan la vos por los esposos, hermanos, padres, abuelos e hijos que están en la cárcel por delitos que no han cometido.

Estas marchas, aunque son ridiculizadas y violentadas por las autoridades del gobierno, son una forma de expresión del abandono de las instituciones del estado, las cuales responde a los lineamientos de Bukele.

Recientemente, el Comité contra la Tortura (CAT) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó su “profunda preocupación” ante el serio impacto a los derechos humanos en El Salvador como consecuencia del régimen de excepción, aprobado desde el 27 de marzo pasado y que ha sido prorrogado, hasta diciembre, ocho veces.