Melvin Reyes fue capturado el primer día del Régimen de Excepción, el domingo 27 de marzo de 2022, acusado de pertenecer a la Mara Salvatrucha-13 (MS-13). Tras 20 días, un juez ordenó su libertad, pero minutos después de esa resolución, la Policía lo capturó de nuevo porque en su sistema aparecía “perfilado” como pandillero. Melvin regresó a la cárcel el 16 de abril. Esta es una de las más de 48,000 detenciones hechas durante los cuatro meses del Régimen de Excepción, una medida que ha permitido a la Policía utilizar a su antojo y como principal prueba una “ficha policial” para capturar a miles de ciudadanos; o para aplicar criterios ambiguos durante los patrullajes, como acusar por agrupaciones ilícitas a personas por su “apariencia sospechosa” o “nerviosa”, según cientos de folios oficiales que las autoridades manejan de espaldas a la población.

El Faro tuvo acceso a cuatro solicitudes de imposición de medidas (requerimientos fiscales) que la Fiscalía General de la República presentó ante los Juzgados Especializados de San Salvador, y a una acusación en el Juzgado de Menores de Santa Ana. Este periódico revisó 1,251 folios judiciales por los cuales 690 personas fueron detenidas en los departamentos de San Vicente, La Paz, Cabañas, Cuscatlán, La Libertad y Santa Ana, entre el 27 de marzo y el 19 de abril de 2022. En gran parte de los casos, los documentos revelan una débil investigación para relacionar a los detenidos con una pandilla. La razón por la que cientos están en la cárcel sin saber cuánto tiempo más pasarán ahí es un párrafo que ha sido copiado y repetido en las páginas: “Al momento de realizar patrullaje preventivo observaron a un sujeto, por lo que proceden a intervenirlo; quien al ser consultado a la base de Inteligencia Policial posee ficha como miembro activo de la MS-13”. Policías y fiscales no cambiaron ni una letra de este párrafo: en los cuatro documentos se encuentra repetido aún cuando incluye la captura de mujeres.

Según los expedientes, 518 de las 690 personas procesadas tienen fichas como pandilleros o colaboradores. Es imposible determinar con qué metodología de investigación se les incluyó en esas fichas, cuándo fueron construidas, qué sustento tienen e incluso qué policía las elaboró. Otras 172 personas no estaban registradas por el Departamento de Inteligencia Policial, pero la Policía usó criterios amplios y ambiguos para determinar que son pandilleros: en unos casos, dicen, fue gracias a la información que obtuvieron de “la voz pública”, de redes sociales y denuncias anónimas. Además, durante los patrullajes, los policías arrestaron a personas aplicando criterios como: “apariencia sospechosa”, “nervioso” y “sospechoso”. La Fiscalía, con esos mismos criterios, los presentó ante jueces que los enviaron a prisión.

El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, ha dicho que el Régimen de Excepción les ha servido para golpear a las pandillas por los delitos que cometen. “¿Cuál es el corazón de las pandillas? Nosotros técnicamente le llamamos HEAT: Homicidios, Extorsiones, Armas, Tráfico: personas y droga. Ese es el corazón y esa es la identidad multi crimen que debe enfrentarse desde un solo cuerpo. No podemos llegar 12 unidades (de investigación policial y fiscal) por tipo de delito a enfrentar un fenómeno”, dijo durante el programa de televisión Diálogo con Ernesto López, el 19 de julio, el día que la Asamblea Legislativa prorrogó por cuarta vez el Régimen de Excepción.

Esta política de seguridad comenzó porque la MS-13 masacró a 87 personas entre el 25 y 27 de marzo, la jornada más violenta de El Salvador, y la que finalmente rompió las negociaciones secretas entre el Gobierno y las tres pandillas. El primer Régimen de Excepción fue aprobado ese mismo fin de semana, cuando la Asamblea Legislativa, a petición del presidente Bukele, admitió la suspensión de varias garantías constitucionales. Organismos de derechos humanos y la comunidad internacional han condenado las medidas adoptadas por el Gobierno para resolver un problema que nació desde la Guerra Civil, pues este mecanismo ha dejado como resultado detenciones arbitrarias, torturas y, al menos, 63 muertos en centros penales, algunos de ellos con señales de tortura, según un informe de Cristosal. Casa Presidencial publicó en su cuenta de Twitter que entre el 27 de marzo y el 1 de agosto han capturado a 48,494 por el Régimen de Excepción; es decir, un promedio de 385 capturas diarias, 16 arrestos cada hora. 

Aunque Villatoro dice que están enfocados en combatir el HEAT de las pandillas, los documentos secretos revisados por El Faro revelan que de los 690 capturados, solo diez fueron acusados de posesión y tenencia de algunos gramos de marihuana o cocaína; dos, por posesión o tenencia de un arma de fuego. A un tercer capturado se le acusó de ambos delitos. Y el decomiso de fusiles tampoco ha sido significativo. InSight Crime reveló que la Policía ha decomisado 134 fusiles entre enero y junio,  mientras que durante el mismo período del año pasado el decomiso fue de 117. Esto significa que con la aplicación del Régimen de Excepción apenas hubo un aumento de 17 fusiles incautados.

A la luz de los números, el éxito del Régimen de Excepción descansa en acusar a las personas del delito de agrupaciones ilícitas, de pertenecer a alguna pandilla. Y la prueba reina utilizada por la Fiscalía para acusar por ese delito son las fichas policiales elaboradas por la Inteligencia Policial o rescatadas del archivo. Luego, para demostrar ante un juez ese delito, los fiscales anexan las entrevistas a los policías captores y los asientos de los documentos de identidad de los detenidos. No hay más pruebas. “La Fiscalía no está individualizando los casos. La parte más delicada es que han capturado a personas porque parecen sospechosas. Los policías están aplicando el Régimen de Excepción a su antojo”, dijo una de las fuentes que proporcionó parte de los documentos.

En los cuatro expedientes fiscales aparece mencionado que el fiscal general, Rodolfo Delgado, envió un informe a sus subalternos donde señala a una pandilla como la responsable de los asesinatos del sangriento fin de semana de marzo: “Este ataque sistemático fue generado por parte de la organización terrorista denominada Mara Salvatrucha hacia las bases para cometer homicidios a nivel nacional”. La Fiscalía no detalla las causas por las que la MS-13 ordenó la masacre. Sin embargo, este periódico reveló el 14 de mayo que la pandilla lo hizo porque el Gobierno de Nayib Bukele rompió la negociación que tenía con ellos desde 2020.

Ninguna de las 690 personas de los documentos analizados ha sido acusada por homicidio, complicidad o conspiración en alguna de las muertes que ocurrieron durante la jornada más violenta del siglo. En cambio, los fiscales han dedicado más de 25 páginas para explicar a un juez el origen de la Mara Salvatrucha-13 y qué significa la jerga que utilizan los pandilleros. Han determinado, por ejemplo, en qué lugares operan las clicas en el territorio. “Los lugares donde realiza las operaciones delictivas la clica Park View Locos Salvatruchos son Guacotecti, Sensuntepeque, Ciudad Victoria, Ilobasco y sectores aledaños (…) para poder subsistir económicamente comete diferentes acciones, entre las que están extorsiones, tráfico de droga, tráfico de arma de fuego, etc”. La Policía capturó a 84 supuestos miembros de esta clica, el 12.1% de los detenidos cuyos casos fueron analizados en este reportaje, pero ninguno fue acusado por los delitos antes mencionados.

Nerviosos y sospechosos

Toda esta información fue declarada reservada por los jueces y a petición de la Fiscalía. Ese candado busca evitar que cualquier persona ajena al proceso conozca las interioridades de este. Bajo ese secreto judicial han sido procesados más de 48,000 salvadoreños en poco más de cuatro meses. La Fiscalía ha expuesto en los documentos tres razones por las cuales deben ser manejadas con discrecionalidad.

La primera es que han utilizado información captada en intervención telefónica para explicar cómo opera la MS-13, aunque en realidad no son datos nuevos sino información que ya es de dominio público, como la historia de las pandillas o su jerga. La segunda razón para ocultar los expedientes argumenta que pandilleros pueden atentar contra la vida de policías y militares. En este material, El Faro no revela el nombre de ningún miembro de los cuerpos de seguridad. Y, la tercera razón: la Fiscalía considera que los medios de comunicación “podrían tener acceso al expediente judicial, lo cual permitiría divulgar información y tergiversar la misma a fin de provocar pánico en la población”.

Hay poca o nula información sobre las razones de por qué han detenido a miles de personas. Los familiares de esos capturados desconocen incluso dónde guardan detención algunos de ellos, pues las autoridades no brindan información al respecto. Lo único que les queda es esperar afuera de las cárceles para intentar obtener un dato que les ayude a saber si están con vida. Los habeas corpus presentados a la Corte Suprema de Justicia se han disparado como nunca desde el fin de la Guerra Civil. Las redes sociales se han hecho vitales para denunciar detenciones arbitrarias y también para pedir a funcionarios públicos que ayuden a ubicar a sus parientes.

El Faro sistematizó la información para obtener patrones de captura y se crearon 13 categorías a partir de la relación de los hechos que los fiscales consignaron en los documentos. Los motivos de detención que se repitieron son los siguientes: Apariencia sospechosa de pandillero, tiene ficha policial de pandillero, ficha policial de colaborador con la pandilla, agresión contra policías, intento de fuga, nervioso, denuncia en redes sociales, antecedentes penales, denuncia anónima, confeso, reconocido pandillero y detenido por tener tatuajes.

Este periódico ordenó estas categorías para determinar cuáles permitían a los policías realizar detenciones con amplia discreción. Un total de 50 personas fueron detenidas por su “apariencia sospechosa”, por “nervioso”, “sospechoso”. Así también señalan en otros casos que obtuvieron la información de los imputados por redes sociales, por denuncias anónimas o porque tenían tatuajes. Los documentos no reparan en qué tipo de tatuajes o, en caso de que fueran alusivos a pandillas, no hay mayor indagación sobre si esa persona estaba retirada del grupo criminal. Entre las 690 personas, esta cantidad representa el 7.2 % del total de capturados.

De los documentos, además, se extrajeron datos personales de los detenidos, nombre de clicas a las que supuestamente pertenecían, lugar, fecha y hora de captura, nombre y apellido del agente captor, y los delitos. De la muestra analizada se determina que la mayor cantidad de personas fue detenida en el Caserío Catarina, en el cantón Paratao, en el municipio de Victoria, Cabañas, un lugar controlado por la clica Park View Locos Salvatruchos, fundada, entre otros por Efraín Cortez, alias El Tigre, uno de los líderes pandilleros solicitados en extradición por Estados Unidos, solicitud que está entrampada en la Corte controlada por el oficialismo. Los datos indican, además, que la mayoría de capturas ocurrió en la zona rural: un total de 417, que representa el 61.01 % del total.

Durante la sistematización se detectó que 13 personas de los departamentos de La Paz y La Libertad, están en la lista de capturados por agrupaciones ilícitas, pero en los requerimientos fiscales no aparece ni siquiera una línea explicando al juez por qué fueron detenidas. Únicamente figuran sus datos personales. Sin embargo, guardan prisión en el penal de Izalco. El Faro buscó el viernes 29 de julio a la unidad de Comunicaciones de la Fiscalía para conocer si hubo un error al momento de elaborar el requerimiento fiscal y la respuesta de la encargada fue que iba a consultar. También se pidió una postura de los jueces especializados que resolvieron estos casos, pero hasta el cierre de esta nota, la oficina de Comunicaciones del Centro Judicial Isidro Menéndez no respondió. De igual forma este periódico consultó a la Procuraduría General de la República y no hubo respuesta.

El problema de las fichas policiales

Según los documentos analizados por El Faro, las acusaciones que la Fiscalía presentó durante las primeras semanas del Régimen de Excepción se caracterizan por incluir a cientos de personas a las que acusan de formar parte de la MS-13, aunque sus capturas hayan ocurrido en lugares distintos y sin pruebas precisas de cómo operaban. Por ejemplo, en un requerimiento contra 300 personas, el documento los señala de pertenecer a la misma estructura delincuencial, pese a que fueron capturados en ciudades distintas y no hay testigos o comunicación entre ellos que demuestren el contubernio para delinquir.

El documento etiqueta como parte de la organización a alguien que haya sido capturado en el cantón Tempisque de Guacotecti o que haya sido arrestado en la zona urbana de San Vicente, aunque no hayan establecido ninguna relación entre ellos y esas zonas estén a 39 kilómetros de distancia y controlados por clicas distintas del grupo criminal. Además, pone en el mismo nivel de jerarquía a personas que se presentaron voluntariamente a puestos policiales a preguntar por qué su nombre aparece en fichas de inteligencia policial, como en el caso de una mujer de 42 años de apellido González, que viajó desde el cantón El Cerro hasta el puesto policial de El Rosario, en La Paz, donde fue capturada a pesar de haber llegado voluntariamente.

El factor común de estas detenciones son las fichas de Inteligencia policial. Hay dos tipos de documentos que la Policía ha usado para justificar estos arrestos: las fichas elaboradas por la Oficina Local de Fichajes (OLF) y las fichas elaboradas por la Sección de Tratamiento de la Información (SATI). Un agente destacado en la División de Investigaciones de la Policía, quien habló con condición de anonimato por temor a perder su trabajo, explicó que las fichas OLF son las que elaboran las delegaciones cada vez que una persona es detenida; mientras las SATI se refieren a documentos elaborados por un investigador que ha perfilado una estructura criminal, generalmente con información de testigos criteriados.

“El problema que tenemos ahorita es que quien elabora los perfiles delincuenciales de los detenidos no aparece en ningún documento, bajo la figura de que son Inteligencia Policial. Algunas personas jamás habían sido fichados como pandilleros, pero ellos han elaborado que sí y ahí han aplicado el decreto (Régimen de Excepción). En un futuro, en una investigación, los procesados serán los agentes captores que aparecen firmando el acta (y no quienes elaboraron el perfil delictivo)”, dijo la fuente, durante una de varias entrevistas realizadas entre mayo y junio.

Los testimonios recogidos por este periodico apuntan a que hay cientos de personas que primero son detenidas y luego investigadas, pese a que la Constitución ordena lo contrario. “En el momento (de la captura) hacen una ficha perfil delincuencial y ya aparecen que son colaboradores de la pandilla”, cuenta el investigador. Esta información es confirmada por Marvin Reyes, uno de los dirigentes del Movimiento de Trabajadores de la Policía (MTP): “Hemos tenido conocimiento de personas que no tenían ninguna vinculación con pandillas y les han creado las fichas inmediatamente, les han puesto alias y todo. Y esto ha generado fricciones entre los agentes”.

Lo que Reyes llama “fricciones” son, en realidad, denuncias de policías que se han negado a ejecutar capturas solicitadas por sus superiores porque las consideran arbitrarias. “Hemos documentado alrededor de 50 casos. Ellos (los policías) dijeron: no procedo a detener a esa persona porque no hay cómo comprobar de que tenga vinculaciones con pandillas”, dice el dirigente del MTP. La mayoría de agentes que no cumplieron con las órdenes de sus superiores por considerarlas arbitrarias fueron amenazados con ser trasladados a lugares recónditos del país o a cumplir duras jornadas de trabajo. En la mayoría de los casos, los policías solo han sufrido hostigamiento laboral por no acatar las órdenes que consideraban anómalas y, según el MTP, solo tres policías han sido procesados por incumplimiento de deberes tras negarse a remitir como pandillero a una persona con discapacidad que fue capturada por militares en Soyapango.

Capturar y luego investigar no es una lógica que solo menciona el investigador policial y el dirigente del MTP. Osiris Luna, director de Centros Penales pese a que se han publicado múltiples casos de corrupción que lo involucran, aseguró que unas 485 personas están en prisión pese a que no hay pruebas contra ellas porque aún son investigadas. “El 1% de arrestados, que no son parte de las estructuras de pandillas, es indagado por grupos de inteligencia e investigación y, si se determina que es inocente, quedará libre”, dijo el 26 de julio pasado, durante el programa de televisión Diálogo con Ernesto López.

El investigador cuenta que en fichas policiales elaboradas por la Inteligencia de la institución durante el Régimen no es posible siquiera saber quién creó el documento del supuesto pandillero, que puede derivar en que una persona pase hasta 35 años en una prisión. Y la amplia discrecionalidad con la que se pueden utilizar ha comenzado a tocar a la misma Policía. “Tenemos ocho casos de familiares de policías que se han llevado al hermano, al hijo, al sobrino, al cuñado. El Régimen de Excepción se ha prestado para algún tipo de vendettas (entre policías), les inventan que son colaboradores de pandillas”, dijo Reyes.

El 29 de julio de 2022, El Faro llamó al director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas, y contactó a la unidad de Comunicaciones para obtener una entrevista sobre las investigaciones durante el Régimen de Excepción, pero no se obtuvo respuesta. Ese mismo día se hizo la misma gestión con el Ministerio de Seguridad y el resultado fue el mismo.

Otras capturas consignadas en los casos analizados fueron realizadas gracias a fichas rescatadas del archivo y las han usado para capturar, incluso, a personas que estaban trabajando activamente en el Régimen de Excepción.

Un sargento de la Fuerza Armada, de apellido Pérez, trabajó 22 días para el Régimen de Excepción. El 18 de abril de 2022 recibió un descanso de 24 horas y, cuando estaba en su casa en el cantón Las Lomas del municipio de San Bartolomé Perulapía, en Cuscatlán, fue capturado, según consigna uno de los documentos fiscales. Eran las 4:50 de la tarde cuando cinco policías lo esposaron por el siguiente motivo: “Observaron a un sujeto, a quien intervinieron, quien al ser consultado en el Departamento de Inteligencia Policial, dicho señor cuenta con ficha policial como miembro activo de la MS 13 de la clica Perulos Locos Salvatruchos, del programa Proyecto, por lo que se le imputa el delito de agrupaciones ilícitas (sic)”, consigna el requerimiento que la Fiscalía presentó ante un Juzgado Especializado de San Salvador.

La acusación que ahora mismo pesa sobre el sargento, que está en el penal de Mariona, no tiene más de tres líneas. Todo se reduce a la información de Inteligencia Policial. No hay más detalles en los documentos oficiales. El Faro obtuvo esa ficha policial y determinó que la supuesta relación del militar con la pandilla es, en realidad, una conexión forzada por medio de un vínculo familiar. Según los policías, el sargento ayudaba a su primo pandillero.

El sargento es primo de Noé Pérez, un hombre de 25 años, acusado de dirigir una clica de la MS-13. La Fiscalía tenía un testigo con criterio de oportunidad, el Clave 25, que señalaba a Noé como pandillero y a su primo, el sargento Pérez, como proveedor de uniformes militares y municiones al grupo criminal. En julio de 2021, casi un año antes del Régimen de Excepción, la Policía capturó a Noé por homicidio y organizaciones terroristas; mientras que al sargento, por colaborar con la pandilla.

La ficha policial data del 30 de mayo de 2020. Es decir, la Policía utilizó un documento elaborado dos años antes del Régimen de Excepción para capturar al sargento. No es el único detalle que policías y fiscales omitieron consignar en el caso que presentaron ante el juez. La ficha policial ya había sido utilizada como prueba en un proceso judicial que la Fiscalía perdió —y que el sargento ganó— el año pasado.

El sargento enfrentó dos investigaciones por la ficha policial y por el dicho del testigo Clave 25. Un proceso en el Juzgado de Instrucción de Cojutepeque y un proceso disciplinario de la Fuerza Armada. El sargento ganó ambos casos. El juzgado consideró que las pruebas fiscales eran insuficientes y lo benefició con un sobreseimiento; la Fuerza Armada cerró el caso y él siguió ocupando su cargo en el Destacamento Militar. Tanto así que para este 2022 estaba en servicio ejecutando labores para el Régimen de Excepción que al final terminó por capturarlo a él.

Hay otras personas que fueron capturadas por el instinto de un policía y luego resultó que tenían ficha policial. Como el caso de Moisés López, capturado por cuatro policías cuando estaba acostado en una hamaca colgada en un predio baldío en el cantón Dulce Nombre de María, en San Pedro Masahuat, La Paz. Según la breve relación de los hechos, la detención ocurrió porque se encontraba en una zona conocida “porque se reúnen pandilleros” y luego revisaron en el sistema policial y apareció que es miembro activo de la MS-13. El Faro no pudo corroborar cuándo fue elaborada la ficha policial.

Cuatro días después de que entró en vigencia el primer Estado de Excepción, la Asamblea aprobó de manera exprés la reforma al artículo 73-A del Código Procesal Penal, y su publicación el mismo día en el Diario Oficial, para habilitar la figura del ‘juez sin rostro’, cuya identidad no será revelada durante el proceso penal. Es decir que, en algunos casos, los imputados no conocen el nombre ni apellido del funcionario que ha ordenado su detención, como tampoco el del agente que en algún año elaboró su ficha policial acusándolos de pandilleros. Otro de los cambios que ocurrieron es que ningún juez pueda otorgar medidas sustitutivas a la detención a los pandilleros que están siendo procesados por ‘cualquier delito’. Una ficha policial elaborada en cualquier momento basta para que un ciudadano pierda todos esos derechos. 

El “delito” de tener antecedentes penales

La Policía ha usado el Régimen de Excepción para convertir en delito los antecedentes penales. Es decir, ha arrestado a personas porque fueron capturadas y juzgadas en el pasado, sin importar el resultado de los procesos judiciales. Hay quienes fueron exonerados por un juez, pero ahora están detenidos de nuevo por ese antecedente penal; hay quienes fueron condenados, cumplieron su condena y hoy están en la cárcel, otra vez, por un delito similar al que pagaron años atrás: pertenecer a una pandilla.

Ninguna ley salvadoreña califica como delito tener antecedentes penales. Sin embargo, ese es el motivo por el cual la Policía capturó a 88 personas durante el Régimen de Excepción, según los casos analizados por El Faro. Por ejemplo, un conductor de UBER de apellido Mendoza fue juzgado y exonerado del delito de extorsión hace 13 años por el Juzgado Especializado de Instrucción A de San Salvador. El primero de abril de 2022, agentes de la Policía en Cojutepeque le pidieron ir a la delegación a revisar una “cuestión de rutina” y ahí fue arrestado por agrupaciones ilícitas. El único antecedente que tiene es el caso cerrado el 23 de diciembre de 2009; es decir, el único antecedente que tiene es el de haber sido declarado inocente de una acusación de extorsión.

Otros detenidos durante el Régimen de Excepción fueron condenados en el pasado y estaban cumpliendo una pena bajo supervisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pero la Policía los capturó de nuevo. La Constitución de la República, en su artículo 11, prohíbe lo siguiente: nadie “puede ser enjuiciado dos veces por la misma causa”.

Las capturas de Edgar Antonio Ayala Alfaro y José Jonathan Cruz Cruz ayudan a ejemplificar esta arbitrariedad. Ellos son dos pandilleros que confesaron ante un juez de Cojutepeque pertenecer a la MS-13 y por eso fueron condenados por el delito de organizaciones terroristas. El juez les impuso trabajos de utilidad pública (limpieza y recolección de basura), castigo que cumplían en las alcaldías de San Sebastián y Cojutepeque, en Cuscatlán, lugares gobernados por Nuevas Ideas.

Edgar Antonio y José Jonathan fueron capturados durante el Régimen de Excepción por agrupaciones ilícitas. Técnicamente, la Policía los arrestó por un delito distinto, pero en el fondo el hecho que les reprochan es el mismo: pertenecer a la pandilla.

Edgar Antonio fue capturado a las 11:00 a.m del 28 de marzo de 2022, cuando barría el mercado de San Sebastián, bajo la supervisión de un empleado municipal. Es decir, mientras cumplía con la orden de un juez. Hay un documento oficial que dice que el convicto no estaba delinquiendo al momento de su captura. “Este día se le asignó como tarea a partir de las 8:00 a.m. ir al mercado municipal a colaborar con la limpieza como se había hecho costumbre los días que el joven antes mencionado venía a cumplir sus jornadas; pues resulta que estando él cumpliendo con su jornada, a las 11 a.m. lo intervino la policía y procedió a esposar y se lo llevaron (sic)”, consigna una carta firmada por Walter Henríquez, encargado de trabajos de utilidad pública de esa Alcaldía.

José Jonathan, por su parte, fue arrestado el cinco de abril de 2022. Trabajaba recolectando basura para la Alcaldía de Cojutepeque, en cumplimiento también a lo ordenado por un juez. La Policía lo capturó durante el Régimen de Excepción por agrupaciones ilícitas, acusándolo de pertenecer a la Big Criminal Locos Salvatruchos.

Las pruebas que han llevado a la cárcel a cientos de personas no son suficientes para imputar el delito de agrupaciones ilícitas, según un juez experto en crimen organizado que habló bajo anonimato por su seguridad. “Es un error y nos insertamos en un régimen que persigue no con pruebas, sino por antecedentes policiales o judiciales, porque analiza antecedentes y no conductas actuales”. El funcionario explicó que la Fiscalía debe detallar qué evidencia tienen de que la persona pertenece a una estructura, como la declaración de un testigo criteriado, que es muy frecuente en las causas judiciales de pandillas, o un extracto de una intervención telefónica que indique que es miembro activo.

Pero el criterio o la decisión que tome un juez sobre la libertad o encarcelamiento de un ciudadano es algo que parece no importarle al Ejecutivo. “Ningún pandillero va a volver a salir de la cárcel”, dijo Osiris Luna el 26 de julio de 2022, durante el programa televisivo Diálogo con Ernesto López. El presentador preguntó si eso incluía a personas que ya habían cumplido una condena: “Correcto. Está cometiendo delito durante… por qué… no más pisa un pie fuera de la cárcel… que si ya, obviamente, estamos haciendo la orden de libertad, pero ahí mismo es capturado y llevado detenido como pandillero activo dentro del Régimen”, dijo.

En la lógica de Luna, el hecho de que un pandillero salga de un penal constituye delito, aún sin haber comprobado si aún tenía participación alguna en las actividades criminales de la pandilla. Este criterio no es nuevo, las autoridades lo están aplicando desde el inicio del Régimen de Excepción. A las 10:30 de la mañana del 16 de abril de 2022, por ejemplo, un equipo de policías llegó hasta el portón principal del penal de máxima seguridad en Zacatecoluca a capturar a Marco Antonio Osorio Ordoñez, de 46 años, alias “Niño Malo”. Él es un pandillero que cumplió diez años de cárcel por homicidio, pero que tras cumplir su pena fue capturado a la salida del penal por agrupaciones ilícitas.

De mientras, entre “nerviosos”, “sospechosos”, cientos de personas cuyo requerimiento no explica nada o tienen vagas fichas policiales o antecedentes, el Régimen ya ha refundido en prisión a más de 48,000 personas. Al menos 63 de ellas han muerto bajo custodia del Estado sin haber sido condenadas por ningún delito durante este periodo.