El Salvador vive bajo el régimen de excepción desde el pasado 27 de marzo, una estrategia calificada de política que busca acallar el descontento de la población que rechaza la corrupción e impunidad de la gestión Bukele.

Según el gobierno, las medidas para erradicar la violencia son exitosas y se adjudica más de 80 mil detenciones de supuestos pandilleros, pero en los Barrios y colonias lideradas por estos grupos criminales esta medida no aplica.

Sin embargo, Bukele afirma que es un “éxito” y en la fase 5 del Plan Control Territorial, dijo se instalarán cercos militares en varias ciudades y para ello dispone de 14 mil militares.

De acuerdo con defensores de derechos humanos, la medida ha cobrado ya más de 80 salvadoreños muertos en las cárceles y sin antecedentes criminales. La Mayoría de ellos fueron capturados por llamadas anónimas movidas por rencillas personales, persecución política y otros por vivir en zonas estigmatizadas por la sociedad.

Además, califican estas políticas de seguridad de “gravísimas” porque no hay una atención del problema de la seguridad ciudadana, sino una acumulación de violaciones al debido proceso y arbitrariedades.

“No sorprende porque el presidente Bukele ha mostrado justamente una respuesta militarizada, una respuesta violatoria de los derechos humanos para un problema histórico en el país: este entorno de violencia, de criminalidad, de crimen organizado”, sostiene Astrid Valencia, directora adjunta de investigación para las Américas de Amnistía Internacional.

Para la experta en derechos humanos, el gobierno debería están conversando con las organizaciones de la sociedad civil, las cuales tienen experiencia de años en el tema de seguridad ciudadana y no atacarlas ni perseguirlas como lo está haciendo.

Cercos militares, homicidios y desplazamiento

El plan Control Territorial  es la estrategia de seguridad que el presidente Nayib Bukele presentó el 19 de junio de 2019 que consta de siete fases. Recientemente dijo que la fase 5, llamada “extracción de pandilleros” está conformada por cercos militares a nivel nacional.

“Con la Fase 5 vamos a terminar de sacar esa plaga de nuestras ciudades y El Salvador será un ejemplo para el mundo, aunque no será fácil”, declaró Bukele, en alusión a que el plan está enfocado principalmente al combate de las pandillas”, citó el mandatario.

Meses atrás, el gobierno impulsó un cerco militar en el municipio de Comasagua, departamento de la Libertad, aunque algunos habitantes la aprobaron, muchos vieron restringida la entrada y para salir del lugar debían presentar el documento de identidad.

Algunos legisladores cuestionan la medida ante la falta de transparencia del Plan que afirman no conocer y las políticas de seguridad públicas para combatir la criminalidad.

Por otra parte, consideran que éste no a frenado la violencia en El Salvador y el gobierno oculta los homicidios, incluso los feminicidios para no evidenciar el fracaso del régimen y el Plan.

El pasado 10 de noviembre, los medios locales no oficiales revelaron que ocurrieron 200 homicidios en el marco del régimen de excepción, pero el Ejecutivo mantiene su retórica de cero asesinatos y culpa a los organismos internacionales de estar en contra de estos resultados.

La oposición señala que las declaraciones gubernamentales corresponden a la creación de un subregistro de víctimas y no relacionan las muertes producidas en sucesos de violencia.

En el caso del Instituto de Medicina Legal (IML), tampoco recopiló los prisioneros asesinados en las instalaciones penitenciarias, los que han sido catalogados como información “inexistente”.

Sobre los desplazamientos, la población afectada denuncia que pandilleros los obligan a abandonar sus residencias para salvaguardas sus vidas.  “Vemos que el régimen de excepción no ha parado los desplazamientos forzados internos”, dice Rina Montti, directora de investigación de Derechos Humanos de Cristosal.

Lo anterior lo respalda una investigación periodística de la revista FACTum, publicada el 14 de noviembre. El reportaje deja a luz la huida de más de cuatro mil personas entre el 2016 -2022, de los municipios de Soyapango, Mejicanos, Apopa, Colón, Ilopango, entre otros, que tras recibir amenazas por las pandillas o agentes de autoridad deciden abandonar sus hogares.

Panchimalco no escapa al desplazamiento y este municipio poco a poco se convierte en un lugar fantasma. Aquí 320 personas fueron asesinadas entre el 2015-2021 y al menos 50 familias del cantón Pajales fueron obligadas a irse. https://www.revistafactum.com/los-fantasmas-panchimalco/

La situación de las extorsiones no ha mermado en los 8 meses de régimen de excepción. Durante este año la Policía Nacional Civil (PNC) registró un incremento de denuncias de enero a mayo, donde registró 183 pese al régimen de excepción, incluso es la cifra de este año in es mayor que la de 2021, cuando hubo 146 denuncias en el mismo mes de mayo.

El criminólogo Carlos Carcach  opina que  las extorsiones pueden haber experimentado “una pequeña disminución”, debido a las miles de captura las pandillas, y  quizás están en un nivel que se puede considerar como “de equilibrio”.

La población tiene su propia opinión sobre la violencia y el régimen de excepción. Para ellos, la medida es para lo pobres, mientras los lideres de las pandillas disfrutan de privilegios y libertad. “Todo es un circo” donde se denigra al salvadoreño decente y se encubre al delincuente.