La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador emitió un fallo en el que habilita que los presidentes del país puedan optar a la reelección inmediata, dando luz verde al actual presidente del país Nayib Bukele a un posible segundo mandato.
En el fallo, los magistrados ordenan al Tribunal Supremo Electoral permitir “que una persona que ejerza la Presidencia de El Salvador y no haya sido presidente en el período inmediato anterior participe en la contienda electoral por una segunda ocasión”.
De esta forma, Bukele buscaría la reelección presidencial una vez terminado su actual mandato en 2024.
Con el aval del Supremo a la reelección presidencial inmediata se revierte un fallo de 2014 que prohibía la reelección presidencial en los diez años posteriores a dejar el puesto.
La Constitución del país centroamericano prohíbe que “una persona que haya ocupado el cargo por más de seis meses en el mandato anterior o en los últimos seis meses anteriores al inicio del período presidencial” pueda ser aspirante a la presidencia,
Sin embargo, los magistrados sostienen que el fallo emitido no implica de facto que el candidato llegue a ser electo, sino que “el pueblo tendrá entre su gama de opciones a la persona que en ese momento ejerza la Presidencia”.
La Sala de lo Constitucional está compuesta por perfiles afines al presidente después de la destitución de todos los jueces en mayo por parte de la Asamblea Legislativa, aliada de Bukele.
El pasado 1 de mayo, la Asamblea Legislativa destituyó a cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional, una acción que generó un torrente de condenas nacionales e internacionales.
La polémica votación del Congreso vino después de que el partido de Bukele, Nuevas Ideas, arrasase en las elecciones legislativas el pasado marzo.
Bukele no tenía representación en este organismo y, en cierta medida, eso suponía un contrapeso a su poder.
Ese triunfo fue visto por muchos como la oportunidad para que el presidente pudiera poner en práctica su agenda de su gobierno y fomentar medidas sin los lastres y enfrentamientos que protagonizaba contra el Legislativo.
Sin embargo, los más críticos con el gobierno ya temían que un “poder absoluto” pudiera ser el “fin de la institucionalidad” en el país latinoamericano.
“Declárese que la decisión de la Asamblea Legislativa (…) es inconstitucional, en tanto que viola la forma de gobierno republicana, democrática y representativa”, fue la respuesta de los jueces una vez que fueron destituidos.
Bukele, quien se presentó como el candidato del cambio, ganó las elecciones presidenciales de El Salvador para el período 2019-2024 con un estilo propio y mediático.
Sus enfrentamientos públicos con el Congreso y la Corte Suprema y sus drásticas medidas frente a la pandemia de coronavirus llevaron a que algunos le acusaran de autoritarismo y de querer acumular demasiado poder hasta el punto de poner en peligro la joven y frágil democracia del país.
Bukele, de 39 años, siempre ha negado cualquier acusación de autoritarismo y afirma que sus adversarios se oponen a sus políticas porque con el ascenso de su proyecto ven amenazados “sus privilegios”.
“No solo teníamos el poder de hacerlo, sino que el pueblo nos lo pidió”, afirmó Bukele en una intervención ante las delegaciones de casi todos los países para justificar la destitución de los magistrados.
Afirma Bertrand Galindo, abogado constitucionalista, que la resolución emitida el año pasado por la de la Sala de la Constitucional, que habilita la reelección de Bukele, no reúne las condiciones de una sentencia, por lo que “debe ignorarse”.
El abogado constitucionalista, Francisco Bertrand Galindo, considera que Nayib Bukele tiene buena imagen y es “lo suficientemente joven” para dejar un periodo de por medio y correr de nuevo para la reelección presidencial.
Así lo señaló al analizar la resolución emitida el 3 de septiembre del año pasado por los magistrados impuestos por el oficialismo en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la cual habilita la reelección presidencial inmediata, algo prohibido en la Constitución de la República. Esta decisión abre las puertas a que Bukele busque un segundo periodo consecutivo en el Ejecutivo.
Al respecto, el experto consideró que dicha resolución, que no cumple con el requisito de formalidad y no reúne las condiciones de una sentencia, “debe ignorarse”.
En ese sentido, subrayó que “ni el Tribunal Supremo Electoral (TSE), ni ningún ciudadano está en obligación de obedecer una resolución
“Creo que la Constitución dice lo que dice y hay que respetarla. De hecho, creo que la resolución de la Sala debe ignorarse y hay facultad constitucional donde claramente se dice que las resoluciones y disposiciones que sean contra la Constitución no es obligación de obedecerla”
Y, efectivamente, el artículo 152 de la Carta Magna señala que no puede ser candidato a presidente “el que haya desempeñado la Presidencia de la República por más de seis meses, consecutivos o no, durante el periodo inmediato anterior, o dentro de los últimos seis meses anteriores del periodo presidencial”.
Ante el debate generado por tal decisión, Bertrand Galindo plantea que la mejor forma para que Bukele participe en una reelección es a través de una reforma a la Constitución y no siguiendo dicha resolución.
“Para mí la solución pasaría porque se reforme la Carta Magna ahora que se tiene toda la mayoría necesaria para hacer una reforma y probablemente se obtenga la mayoría necesaria en el siguiente congreso, por la popularidad del presidente”,
“Con esas dos mayorías se puede reformar la Constitución y a partir de ahí con un periodo de por medio, pues es lo suficientemente joven y tiene la suficiente imagen como para poderse aguantar cinco años y volver a correr” por la presidencia de la República.
Pueblo mío ...tranquilo.
— Walter Araujo y Toda la Verdad (@waraujo64) May 4, 2020
Los mismos de siempre NO pueden extender un día más su mandato en la @AsambleaSV ...si lo intentan... ¡OJALÁ!
Entonces no hay dilación, postergación alguna, el 1 de Mayo próximo ¡LOS SACAMOS!...ni un día más durarán 👊🏻 pic.twitter.com/ad3UoVYJ7d
TODOS los que apoyamos al Presidente @nayibbukele .
— Walter Araujo y Toda la Verdad (@waraujo64) February 9, 2021
Este es el momento de pronunciarnos públicamente #ElPresidenteNoSeToca
Mañana si hay necesidad, de manifestarse físicamente.
Si siguen...será el momento de ACTUAR...con el Art.87👊🏻🇸🇻 pic.twitter.com/BpOVYSzoZj
POSICIÓN ÚNICA
— Walter Araujo y Toda la Verdad (@waraujo64) June 9, 2020
1. @ARENAOFICIAL y el @FMLNoficial están derrotados irreversiblemente de cara al 28F/21, faltan 263 días.
2. Creo fervientemente en el derecho constitucional a la insurrección, a través del Art.87
3. Si se DECIDE aplicar el Art. 87, se hará...sin más aviso. pic.twitter.com/7kZisU82KX
El DERECHO A LA INSURRECCIÓN es CONSTITUCIONAL.
— Walter Araujo y Toda la Verdad (@waraujo64) February 10, 2020
Art.87 https://t.co/ANPIaKg75N
Parece que a algunos les asustó que invocáramos el art. 87 de la Constitución. Más ahora sabiendo que no tendrán gente armada para reprimirla 😉
— Nayib Bukele (@nayibbukele) August 3, 2018
Quédense tranquilos y pasen felices vacaciones. Si no violan la ley y respetan la democracia, no pasa nada 😊
La Constitución de la República en sus Artículos 87 y 88. Además de un derecho el de la insurrección , en el caso de violación al principio constitucional de la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia, el Art.88 coloca la OBLIGACIÓN de insurreccionarse al pueblo. pic.twitter.com/eCK9avQ7HL
— Walter Araujo y Toda la Verdad (@waraujo64) March 27, 2019
Bukele ejecuta una política que busca consolidar la mayor cantidad de poder posible, aislar al país del sistema financiero internacional y criminalizar la crítica y el periodismo independiente. En los últimos meses, el país ha caído 30 puestos en el índice de Libertad de Prensa de la organización Reporteros Sin Fronteras, ha expulsado a miles de salvadoreños —entre los que cada vez hay más que piden asilo político en terceros países— y ha declarado un estado de emergencia contra las pandillas que ha causado decenas de arrestos arbitrarios y otras vulneraciones de los derechos humanos, como el asesinato de nueve personas durante sus detenciones. Hasta el 16 de mayo de 2022, más de 30,000 salvadoreños habían sido detenidos y las historias de arrestos sin causa son cada vez más comunes, tanto en los medios nacionales e internacionales como en las redes sociales. Pese a la supuesta popularidad del estado de emergencia cacareada por Bukele, encuestas sugieren que la población está polarizada entre los que apoyan la medida y los que la rechazan. Tanto que la mayoría de la población se opone a detenciones sin ordenes judiciales.
A diferencia de la autocracia de la familia Ortega Murillo en Nicaragua, la jaula de Bukele no usa la diatriba revolucionaria. El presidente de El Salvador utiliza una retórica populista sin tintes ideológicos que le permite aglutinar alrededor de su persona a la izquierda pro-Rusia y a la extrema derecha que flirtea con el neofascismo. Es la estrategia camaleónica de un autócrata rojipardo que puede estar un día alineado con Estados Unidos para al otro estar con China. En tres años, Bukele ha pasado de expulsar a los diplomáticos del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a guardar silencio contra la ocupación de las oficinas de la Organización de Estados Americanos en Managua y la invasión rusa de Ucrania.
Su descarada acumulación de poder inició a mediados de 2021 cuando Nuevas Ideas, su partido, ganó la mayoría calificada en la Asamblea Legislativa y destituyó ilegalmente a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para nombrar nuevos magistrados leales a él. Estos mismos son los que han abierto la posibilidad de la reelección presidencial, a pesar de que la misma Constitución salvadoreña lo prohíbe expresamente y de la condena internacional, especialmente del gobierno de los Estados Unidos.
Bukele ha pagado cara su animadversión contra Estados Unidos. En enero de 2023, el gobierno de El Salvador deberá pagar 800 millones de dólares en bonos internacionales. La primera opción de Bukele fue buscar financiamiento a través del Fondo Monetario Internacional (FMI), pero tras la destitución de los magistrados de la Corte Suprema, las negociaciones con se estancaron al mismo tiempo que Estados Unidos —uno de los máximos financistas del organismo multilateral— criticaba las acciones autoritarias de Bukele.
Uno de los más enérgicos desencuentros entre Washington y San Salvador han sido las sanciones contra varios funcionarios de Bukele, entre ellos el viceministro de Justicia, Osiris Luna y el director de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín. El gobierno de Estados Unidos asegura que Luna y Marroquín han negociado tratos con las pandillas transnacionales que tienen extensos tentáculos en ese país. El 17 de mayo de 2022, el sitio El Faro publicó audios de conversaciones entre Marroquín y líderes de pandillas en las que el funcionario de Bukele revela que el estado de emergencia se debió al rompimiento de la tregua entre el gobierno y las pandillas. Al mismo tiempo, Marroquín asegura que el mismo Bukele está al tanto de esas conversaciones. Hasta el momento, el mandatario salvadoreño no ha respondido a los audios, a pesar de que gobierna a golpe de tuit.
La imposibilidad de un acuerdo con FMI obligó a Bukele, en septiembre de 2021, a encontrar una solución heterodoxa ante una crisis fiscal: convertir a la criptomoneda Bitcoin en una moneda de uso legal. Para esto, Bukele invirtió al menos 150 millones de dólares impuestos de la gente de El Salvador en la adopción de la criptomoneda. Desde entonces, la situación financiera del país ha empeorado. Para mayo de 2022, El Salvador se ha convertido en la nación con mayor riesgo de impago en América Latina, detrás de Venezuela, y sus bonos internacionales tienen uno de los peores rendimientos en el mundo junto a Ucrania y Bielorrusia.
Bukele alarma con su política mesiánica, impredecible y autoritaria tanto a ejecutivos de fondos de cobertura —quienes creen que su liderazgo económico es deficiente— como a organizaciones que se muestran preocupadas por los abusos a los derechos humanos de los salvadoreños más pobres. Todo esto ha llevado a Bukele redireccionar su mensaje a la última audiencia que lo apoya: los votantes salvadoreños.
Cuando Bukele ganó la presidencia muchos salvadoreños esperaban que trajera un aire modernizador que acabaría con tres décadas de bipartidismo entre la Alianza Republicana Nacionalista y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.
Su programa de gobierno prometía transparencia en la información pública y una comisión internacional contra la impunidad. El mandatario prometía también mejorar las relaciones con Estados Unidos y abrirse al mundo. Contrario a esto, Bukele ha construido una jaula de oro para sí y sus allegados que lo blinde de la crítica y sanciones internacionales. Pero contrario a la autocracia de los Ortega Murillo, no tiene una extensa retaguardia geopolítica en Rusia, Venezuela o Irán.
Los únicos aliados internacionales que le quedan al mandatario es la facción más fanatizada de los usuarios de criptomonedas, quienes han pasado de ser simples seguidores a asesores informales. Lo que para Bukele es una jaula de oro se ha convertido para los salvadoreños en una jaula de latón: la economía amenaza con desplomarse y los más pobres del país tienen que decidir entre el riesgo de ser capturados por la Policía o salir del país, con documentos o sin ellos.
Los únicos seguros son los amigos del presidente. El resto puede ser desaparecido en el sistema penitenciario como lo evidencian los centenares de salvadoreños que se congregan a las afueras de las cárceles para obtener noticias de sus familiares arrestados. En esta autocracia rojiparda solo la palabra de Bukele importa. Para mala suerte del mandatario salvadoreño, las palabras de la banda mexicana Los Tigres del Norte evidencian el riesgo de vivir en un cómodo aislamiento y pensarse inalcanzable: “Aunque la jaula sea de oro, no deja ser prisión”.