El extranjero era uno de los invitados especiales a la sesión solemne del 1º de junio de 2021 en la Asamblea Legislativa de El Salvador, convocada para escuchar el informe del segundo año de gobierno del presidente Nayib Bukele. El extranjero, estadounidense nacido en Barcelona, se sentó junto a los VIP, cerca de la encargada de Negocios de Estados Unidos, Jean Manes, y la embajadora de El Salvador en Washington, Milena Mayorga.

Aquella noche, Bukele lucía exultante en la silla principal del Legislativo, desde la que pronunció su discurso. Había pasado un solo mes desde que, tras un triunfo arrollador en las elecciones legislativas, su partido había asumido la super mayoría en el Congreso y desde que, transgrediendo disposiciones legales, sus diputados habían impuesto a un fiscal general y a una corte suprema leales y dóciles al presidente.

Lo mencionó Bukele en su discurso. Se congratuló el presidente porque, como pocas veces en 200 años de histórica republicana, todo el poder formal en El Salvador se resumía en una sola persona: él. Y se lamentaba, en el discurso, de que lo único que se salía de su control eran los “tanques de pensamiento, organizaciones no gubernamentales y periodistas” a los que él calificó de oposición y de enemigos del pueblo. A ellos, el presidente Bukele, ya con todo el poder en sus manos, les ofreció la guerra aquella noche.

Desde las sillas reservadas a los invitados VIP, el extranjero escuchó. Antes del discurso, antes de que el presidente y su esposa ingresaran al Palacio Legislativo, el extranjero aprovechó para entablar una conversación que había estado buscando desde que llegó a El Salvador; con sonrisas, ofreciendo una mano por aquí y una palmada por allá, llegó hasta Jean Manes, la diplomática estadounidense. Un vídeo tomado aquella noche, del que Prensa Comunitaria tiene copia, muestra a una Manes incómoda, sobre todo al descubrir que el extranjero saca su teléfono celular del bolsillo.

La conversación con Jean Manes y una buena relación con la principal enviada diplomática de la Casa Blanca eran importantes para el extranjero, cuyo nombre es Damián Merlo y quien ya entonces era uno de los lobistas contratados por Bukele para intentar navegar una relación con el Washington del demócrata Joe Biden, que se tornaba cada vez más complicada.

Desde que empezó a trabajar con el gobierno de El Salvador, en 2020, Merlo ha cobrado cerca de US$ 1.3 millones por sus servicios como cabildero. El 3 de junio de 2022, la secretaria privada de la presidencia, Claudia Juana Rodríguez de Guevara, renovó el contrato a Merlo: US$390 000 por seis meses de servicio. En documentos registrados en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos consta que Merlo trabaja por intermedio de la empresa Latin America Advisory Group, y que el principal objetivo del contrato es gestionar “relaciones públicas y asesorías en comunicaciones… para proveer contactos con el Ejecutivo federal y el Congreso en nombre del funcionario extranjero (Nayib Bukele y el gobierno de El Salvador)”.

Merlo es un hombre con poder en El Salvador. Lo era antes de aquella noche en la Asamblea Legislativa. El poder se lo da ser uno de los hombres que hablan al oído al presidente Nayib Bukele en temas relacionados a Estados Unidos. Es un poder que le ha permitido, por ejemplo, interceder para que dos delincuentes panameños de cuello blanco, los hijos del expresidente Ricardo Martinelli, aterrizarán en el aeropuerto de Comalapa a pesar de que eran prófugos de la justicia estadounidense. Un poder que ha ejercido, a veces, con comunicaciones desde un correo oficial de la presidencia salvadoreña o mostrando un pasaporte diplomático extendido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador.

Ya en septiembre de 2019, cuando Nayib Bukele fue por primera vez como jefe de estado a la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, Merlo viajó en la comitiva que acompañó al presidente salvadoreño. Y viajó con pasaporte diplomático salvadoreño, según consta en documentos del Ministerio de Relaciones Exteriores en poder de este medio. En la Ley General de Protocolo y Ceremonial Diplomáticos no se establece, explícitamente, la posibilidad de que un extranjero tenga derecho a un pasaporte diplomático. Dos exfuncionarios salvadoreños de exteriores consultados matizaron, no obstante, que una interpretación laxa de esa ley podría permitir el uso de ese tipo de documento a alguien que no tiene nacionalidad salvadoreña en dos escenarios, si es cónsul honorario o embajador plenipotenciario -como un ciudadano español que es actualmente embajador de El Salvador ante el Reino de Marruecos- o miembro de alguna misión especial en la que participan funcionarios de alto nivel. Merlo no es lo primero, pero sí ha acompañado a Bukele en varios viajes.

A Merlo su influencia en la casa presidencial salvadoreña también le ha permitido tener un correo electrónico con el dominio presidencia.sv, desde el que se ha comunicado con funcionarios de El Salvador y Estados Unidos, según documentos en poder de Prensa Comunitaria.

Merlo, un ferviente admirador del expresidente Donald Trump, suele utilizar su cuenta en la plataforma Twitter como su principal micrófono, tal como lo hace Bukele. Ahí, el lobista suele deshacerse en elogios a los republicanos, al movimiento Make America Great Again (MAGA), la marca política de Trump que consigna, entre otras cosas, el desdén por los migrantes y sus hijos. También suele apoyar, por ahí, a otros candidatos y políticos republicanos, y cuestionar a funcionarios del partido demócrata que critican a Bukele.

La cuenta de Twitter de Merlo es, en realidad, una de tantas que hace eco a los anuncios y propaganda del presidente salvadoreño aunque, a diferencia de las cuentas manejadas por granjas de troles financiadas en parte por la Casa Presidencial de El Salvador, la de Merlo casi no tiene interacciones. Una de las cuentas a las que el cabildero suele replicar es la de Diario Las Américas, una publicación ultraconservadora del sur de la Florida a la que también sigue Mario Duarte, el exjefe de la inteligencia estatal guatemalteca reconvertido en lobista a quien Bukele también contrató.

El puzle venezolano en Florida

Merlo es parte de un grupo de cabilderos estadounidenses con operaciones en el estado de Florida y cercanos al partido republicano, en particular al expresidente Donald Trump, del que también han formado parte exfuncionarios como Thomas Shannon y Otto Reich, exsubsecretarios de Estado, y Ronald Johnson, exagente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y embajador de Trump en San Salvador entre septiembre de 2017 y enero de 2020.

Otro nombre importante en esa lista, a la que agentes estadounidenses ya nombran como el “grupo de Florida” es el de Frank Holder, también exagente de la CIA y luego directivo de la empresa consultora FTI Consulting, que entre 2011 y 2017 tuvo vínculos comerciales con Odebrecht, el gigante brasileño de la construcción envuelto en esquemas de corrupción con varios gobiernos y exfuncionarios latinoamericanos. En República Dominicana, por ejemplo, Holder fue sujeto de investigación por sospechas de que FTI Consulting estableció relaciones inapropiadas con el gobierno de ese país en nombre de Odebrecht.

Holder, según confirmaron a Prensa Comunitaria dos personas que colaboran con el gobierno de los Estados Unidos en una investigación criminal que involucra al exagente de la CIA, ha sido acusado de fraude en Argentina, donde tuvo negocios como consultor de políticos locales. También está relacionado con Diosdado Cabello, uno de los hombres más poderosos de la dictadura venezolana sancionado por Estados Unidos.

En la órbita de estos exdiplomáticos han estado también figuras relacionadas con la política venezolana, como Sarah Hannah Georges, en su momento asistente de Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, uno de los líderes más visibles de la oposición en Venezuela, y desde 2019 una de las asesoras más poderosas del gobierno de Nayib Bukele en El Salvador.

Todos estos nombres han aparecido en un momento u otro en investigaciones de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), confirmaron dos contratistas del gobierno estadounidense y dos exfuncionarios que trabajaron con las administraciones de Bill Clinton y de George Bush, uno demócrata y otro republicano, quienes están al tanto del desarrollo de estos expedientes. Estas cuatro fuentes hablaron bajo condición de anonimato por no estar autorizados para hacerlo en público.

No se trata, tampoco, de una sola investigación, y tampoco está claro si estas pesquisas han derivado ya en expedientes penales que puedan convertirse en acusaciones concretas ante cortes estadounidenses. De lo que se trata es de que fuerzas especiales de tarea en la DEA y el FBI llevan meses estrechando el círculo contra varios de estos operadores, cuyos nombres han aparecido en investigaciones penales en otros países, e incluso en Estados Unidos.

Es el caso de Hannah Georges, unida a la casa presidencial por su calidad de operadora política pagada con fondos públicos salvadoreños y, además, por su relación estrecha con Karim Bukele, hermano del presidente.

Ya en 2017, operadores republicanos tenían en la mira a Hannah Georges por sus posibles vínculos con miembros de la oposición venezolana que, a pesar de serlo, tenían relación con el régimen de Nicolás Maduro. Y en 2019, a través de correos electrónicos, la Casa Blanca de Donald Trump fue informada de “reportes específicos de que varios pagos sustanciosos se habían hecho a cuentas relacionadas con SHG (Sarah Hannah Georges), pagada por al menos un testaferro del régimen de (Nicolás) Maduro”, según consta en una de las comunicaciones electrónicas de las que Prensa Comunitaria tiene copia y cuya autenticidad fue confirmada por uno de los operadores que las escribió. Este medio intentó contactar a Hannah Georges a través del aparato de comunicaciones de la presidencia salvadoreña pero no hubo respuesta.

“No es que sean un grupo compacto o algo así, son más bien nombres que se unen en diferentes hilos de una red… Y hay lugares y nombres que aparecen continuamente”, dice uno de los agentes, quien confirmó que los de Sarah Hannah Georges y Damián Merlo son dos de los nombres que han estado en el radar de estas investigaciones.

Hay, además, un nombre que conecta a Merlo y a Hannah Georges, el de Nayib Bukele.

Desde que inició su mandato, Nayib Bukele acudió al lobby conectado con el grupo de Florida para manejar sus relaciones con Estados Unidos. Su gobierno contrató, en principio, a tres cabilderos para, en principio, afianzar la relación con Donald Trump y, luego, intentar, sin éxito, administrar la relación con la Casa Blanca del demócrata Joe Biden, que se pintó complicada desde el principio.

Los tres contratados fueron Damián Merlo, Robert Stryk y Thomas Shannon. De los tres, el más reconocido es Shannon, un viejo diplomático estadounidense que se hizo nombre como administrador de relaciones difíciles en Latinoamérica desde los años de Bill Clinton. Su carrera lo llevó a estar en medio de asuntos complicados en la región; por ejemplo en 2009, cuando un golpe de Estado que la administración de Barack Obama en Washington terminó con el mandato de Mel Zelaya en Honduras.

El rol que Shannon jugó en aquello varía según a quien se le pregunte, pero una cosa parece clara: el diplomático sabía mover sus piezas en el Departamento de Estado. Un exfuncionario demócrata, agente él mismo de la CIA y en aquellos tiempos asistente legislativo en el Senado, recuerda que, tras el golpe de 2009, en Washington se montó un barullo político importante para cabildear qué posición tendría la recién inaugurada administración Obama respecto a Honduras y Centroamérica.

En aquella discusión, Shannon tenía el oído de Hillary Clinton, la secretaria de Estado. Algunos demócratas en el Senado pensaron, en las primeras horas que siguieron a la expulsión de Zelaya, que Shannon no se opondría a una condena directa del golpe. No fue así: en un programa de televisión, Shannon dijo que Estados Unidos estaba preparado para trabajar con cualquier presidente en Honduras, lo que se entendió como una bendición a las elecciones posteriores que dejarían al Partido Nacional en el poder. “A aquello empezamos a llamarle el shanonazo”, recuerda el agente consultado.

Después de aquello, Obama lo designó embajador en el Brasil de Lula da Silva. Cuando Donald Trump llegó a la Casa Blanca, la carrera de Shannon siguió floreciendo: fue incluso secretario de Estado interino. Su principal rol durante el trumpismo, sin embargo, fue como enviado especial a Venezuela para mediar en el diálogo entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición política en ese país. Para entonces, cuenta un exdiplomático republicano que sirvió durante la administración de George W. Bush y convivió con Shannon, este ya tenía una amplia red de relaciones con operadores y lobistas que movían información entre Caracas y Washington, entre ellos Sarah Hannah.

En la actualidad, confirmó un funcionario legislativo en la capital de Estados Unidos, Shannon ha viajado varias veces a Honduras para intentar cerrar un contrato de cabildeo con el gobierno de la presidenta Xiomara Castro.

“(Shannon) empezó a sentirse muy cómodo, a jugar su juego… Era muy cercano a Sarah Hannah”, cuenta el exdiplomático republicano. A la postre, en ese grupo aparecieron también otros nombres que terminaría siendo cercanos al régimen de Nayib Bukele en El Salvador, como los de Damián Merlo y Ronald Johnson, el exagente de la CIA al que Donald Trump envió a San Salvador.

Prensa Comunitaria intentó contactar a Merlo, Shannon y Stryk a través de sus casas lobistas, pero ninguno contestó.

El ascenso de Damián Merlo

De los tres lobistas contratados por Bukele en Estados Unidos, el que siempre tuvo una relación más cercana con el presidente fue Merlo, el hombre que quiso intercambiar con Jean Manes, la diplomática enviada a San Salvador, en la sesión plenaria de junio de 2021.

La relación de Merlo con el gobierno salvadoreño había empezado mucho antes, cuando Bukele no había jurado como presidente. En marzo de 2019, el lobista acompañó al salvadoreño a una gira que hizo a Washington como presidente electo, según consta en fotografías de aquel viaje.

La gira la había organizado la misma Manes, quien a principios de 2019 era aún la embajadora nombrada por Barack Obama en El Salvador. Eran otros tiempos: Washington creía entonces que Bukele sería su aliado más importante en la región y Manes quiso anotarse el tanto de llevarlo de la mano en su primer viaje como presidente electo por la capital estadounidense, según confirmaron a Prensa Comunitaria varias de las fuentes consultadas.

Ya para mediados de aquel año, Merlo había acompañado a Bukele durante varios viajes a Miami. Y en septiembre el lobista viajó con al presidente a Nueva York para ser parte del encuentro que la casa presidencial salvadoreña vendería como el principal logro en política exterior a esa fecha, una reunión uno a uno con Donald Trump.

De acuerdo con dos oficiales de inteligencia estadounidenses que hablaron bajo condición de anonimato, en el marco de esa reunión, Bukele pidió a los estadounidenses ayuda en la gestión que entonces parecía un imposible: llevar al expresidente Mauricio Funes, prófugo en Nicaragua tras ser acusado por delitos de corrupción durante su mandato, de vuelta a El Salvador, algo que el nuevo mandatario había vendido como una de sus principales promesas de campaña. No está claro si la Casa Blanca de Trump accedió. Lo cierto es que Funes sigue en Nicaragua.

A Merlo Bukele lo contrató como lobista en noviembre de 2020 a través de la firma Invest El Salvador, según una investigación de El Faro. Para mayo de 2022, la relación comercial sigue, de acuerdo con registros oficiales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, donde se registran los llamados “agentes extranjeros”, que es como se conoce a los lobistas o cabilderos.

El contrato inicial con Invest determina que el gobierno de El Salvador paga US$65 000 mensuales a la compañía de la que Merlo es directivo. Esto es US$780 000 en un año. Registro del Departamento de Justicia indican que, a mayo de este año, David Meztner, otro de los directivos de Invest recibía remuneraciones mensuales entre US$6 000 y US$7 000 bajo un contrato que sigue vigente en 2022.

Lo cierto es que Merlo ha seguido viajando constantemente a El Salvador durante todo este año, y que sus redes sociales están dedicadas a promocionar la propaganda de Bukele y a fustigar a la administración de Joe Biden por la postura crítica que sus funcionarios han adoptado ante el gobierno salvadoreño por la deriva autoritaria que atribuyen a varias conductas del presidente.

La cuenta de Twitter de Merlo es una auténtica caja de resonancia de las principales líneas narrativas de la propaganda bukelista. El 30 de agosto pasado, por ejemplo, el lobista tuiteó: “La administración Biden también ha criticado al gobierno Bukele por las supuestas negociaciones secretas con pandillas notorias… Las únicas fuentes de estas acusaciones han sido periodistas de El Faro, una publicación de izquierda alineada con la oposición”.

Lo único que es cierto en ese tuit es que la Casa Blanca ha criticado a Bukele por el pacto con las pandillas MS13 y Barrio 18. De hecho, Washington ha hecho más que criticar: el Departamento de Justicia tiene lista una acusación penal contra Carlos Marroquín, un secretario de la casa presidencial salvadoreña, y Osiris Luna, el jefe del sistema penitenciario, por “representar al presidente” en las negociaciones con las pandillas. En diciembre de 2021, al anunciar una sanción contra Luna, el Departamento del Tesoro dijo que el gobierno de Bukele había “proveído incentivos financieros a las pandillas salvadoreñas MS13 y Barrio 18 para asegurarse… que las cifras de homicidios permanecieran a la baja”.

Merlo sabe que la información, pruebas, fotos, vídeos y documentos en las que los Departamento de Justicia y el Tesoro basan sus acusaciones no fueron producidas por periodistas de El Faro, sino que fueron recabadas por fiscales salvadoreños que investigaron el pacto pandillero de Bukele y, más importante, por agentes estadounidenses que alertaron al exembajador Johnson de las negociaciones. También sabe Merlo que Johnson, antes que informar a Washington, sacó de San Salvador al menos a uno de los estadounidenses involucrados en la investigación del pacto.

El affaire con los Martinelli

Todo el poder que había acumulado en El Salvador también le sirvió a Merlo para pedir a su empleador, el presidente Nayib Bukele, un favor importante el 29 de junio de 2020, en pleno cierre por la pandemia de Covid-19. Aquel día, Damián Merlo consiguió un aval de la presidencia para que los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli, aterrizarán en el Aeropuerto Internacional de El Salvador mientras eran prófugos de la justicia estadounidense.

Los Martinelli habían estado viviendo en la Florida, donde según dos agentes estadounidenses que conocen de las investigaciones alrededor de los operadores políticos y lobistas en ese estado, colaboraban con una investigación abierta por las operaciones de Odebrecht en Panamá, cuando Martinelli era presidente. A pesar de la colaboración, los hermanos Martinelli Linares recibieron información de que el gobierno de Estados Unidos los capturaría. Emprendieron, entonces, una huida que tuvo como escala El Salvador.

Los Martinelli viajaron por vía marítima de Miami a Bahamas, de donde partieron a Panamá. En su país, después de un estira y encoje con las autoridades, tampoco los dejaron quedarse. Fue entonces que intervino Merlo: gestionó el permiso que permitió a los hermanos hacer escala en El Salvador. Los hijos del expresidente panameño sacaban provecho, así, de la relación que su padre había trabado años antes con el lobista estadounidense, cuando este, según archivos de notas periodísticas en Panamá, trabajaba para la compañía de telefonía Digicel en Centroamérica. A El Salvador Merlo también empezó a llegar asociado con Digicel, y a nombre de esa compañía entabló relaciones con la oficina de Óscar Ortiz, vicepresidente en el gobierno de Salvador Sánchez Cerén (2014-2019).

Aquel 29 de junio de 2020, los Martinelli salieron del aeropuerto salvadoreño y se instalaron temporalmente en el edificio Torre 5, en la exclusiva zona de San Benito de San Salvador, la capital. En ese edificio vivían entonces los hermanos del presidente y la venezolana Sarah Hannah Georges, según investigadores consultados.

Los Martinelli tuvieron que salir pronto. De acuerdo con un investigador estadounidense, fue Ronald Johnson, el embajador de Trump en El Salvador, quien advirtió a Bukele de que los hermanos tenían que salir del país. Una investigación de La Prensa de Panamá confirma esta versión y añade que Bukele envió a Merlo una captura de pantalla del mensaje de Johnson, lo que obligó a los panameños a salir hacia Guatemala.

Los hermanos Martinelli viajaron por tierra hasta Ciudad de Guatemala. El avión de su padre llegó luego a La Aurora, el aeropuerto internacional de la capital guatemalteca. A los pocos días de estar ahí, los Martinelli intentaron salir de nuevo hacia Panamá, pero su suerte se acabó en Guatemala, donde la Policía Nacional Civil los detuvo en la terminal aérea y confiscó el avión privado, que aún permanece ahí. A los hermanos los enviaron a la cárcel en el complejo militar Mariscal Zavala. Eventualmente, Guatemala extraditó a los Martinelli a Estados Unidos.

El rastro que Damián Merlo y Nayib Bukele dejaron en el affaire con los hermanos Martinelli pasó a engrosar los archivos de las investigaciones estadounidenses en torno al llamado grupo de la Florida.

Como dijo uno de los agentes que habló con Prensa Comunitaria sobre estos expedientes, bajo condición de anonimato, no se trata de una sola investigación, sino de varias que se cruzan y en las que hay nombres que se repiten, como el de Damián Merlo y el de Sarah Hannah Georges. “Hay muchos nombres, muchas líneas…”, confirmó el agente.

El asunto de estos lobistas, además, empieza a adquirir resonancias regionales. Tom Shannon, de acuerdo con dos fuentes cercanas al gobierno de Xiomara Castro en Honduras, viajo a finales de agosto a Tegucigalpa para cerrar un trato con la presidenta. En Guatemala, Zury Ríos, hija del exdictador Efraín Ríos Montt, contrató los servicios de Sonoran Policy Group, empresa de un cabildero cercano a Donald Trump que también trabajó con el gobierno de Nayib Bukele. En Washington, un agente que conoce las investigaciones al grupo de la Florida, aseguró que Sarah Hannah también está sirviendo de nexo entre Bukele y Zury Ríos.

Las nubes que estas investigaciones estadounidenses acumulan sobre los tejados de los lobistas y operadores estadounidenses y venezolanos amenazan con convertírseles en tormentas. Por ahora, sin embargo, el San Salvador de Bukele sigue siendo un refugio seguro.