El irrespeto a los derechos humanos sigue igual, las capturas arbitrarias bajo el régimen de excepción no paran y la nueva procuradora va por la misma línea de su antecesor.
Para las familias de los detenidos, la ausencia de la funcionaria no sorprende, ya que aseguran que su nombramiento fue viciado y que responde a interés del oficialismo.
A un mes de su nombramiento, el encarcelamiento de personas sin vínculos de pandillas siguen llenando las cárceles y muchos de ellos han perdido la vida en los recintos penitenciarios, algunos enterrados en fosas comunes, mientras que otros mueren ante la falta de medicamentos.
Uno de los hechos que pone en tela de juicio la complicidad de Raquel Caballero, es la detención de 8 adolescentes del Bajo Lempa, Usulután, quienes fueron liberados por la presión social de organizaciones locales e internacionales y no por su gestión.
De acuerdo con los críticos del gobierno, tanto el presidente Nayib Bukele como la Procuradora no presentaron postura, incluso ignoraron la petición de El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) sobre la convención sobre los derechos del Niño.
En la misma petición, la organización pidió “encarecidamente” a las autoridades salvadoreñas evaluar las medidas establecidas que permiten el arresto y condena de menores de edad, en el contexto de la denominada “guerra contra las pandillas” que lidera el Gobierno salvadoreño.
No obstante, las autoridades gubernamentales restan importancia a estos acuerdos y encarcelan de forma arbitraria a jóvenes, adultos, incluso a personas con discapacidades solo por habitar en zonas estigmatizadas por la sociedad.
La participación de la PDDH se limitó una pequeña delegación que procedió a tomar las declaraciones de los padres de los adolescentes, el mayor acompañamiento fue de parte de organizaciones no gubernamentales.
Son muchos los movimientos que han surgido a raíz del régimen de excepción con el objetivo de apoyar a las familias de los reos inocentes, pero sus demandas son desvirtuadas y acusados de defender a delincuentes.
Señalan que no se oponen a las capturas de aquellos que si tienen un pasado delincuencial o que pertenecen a una estructura pandilleril, pero el error del gobierno es negar el derecho a la defensa, mientras que los verdaderos delincuentes siguen libres.
Recientemente, Carlos Rodríguez, el procurador Adjunto de Derechos Civiles, ser reunió con algunas las personas que protestaban y les manifestó que son miles de casos sobre detenciones arbitrarias, pero aún siguen en estudio.
“No esperábamos una respuesta tan fría y lamentamos que la procuradora no haya tenido voluntad de dar la cara por la vida de las personas que injustamente están presas. En El Salvador no tenemos a un procurador que en verdad vele por derechos humanos, tenemos a un comodín nada más”, sentenció uno de los familiares de los detenidos.
“Para las autoridades, entre ellos el ministro de justicia y Seguridad Pública, lo importante es los números, sin importar si son mareros o no. Lo que quieren es aparentar que combaten a los pandilleros, pero se llevan de encuentro a los que nada deben”, dijo otro de los familiares.
Finalmente, expresaron que ella, Raquel Caballero, al igual que Apolonio Tobar, solo hará lo que el presidente le ordene y llegará hasta donde se lo permita. No hará nada por esclarecer la violación de los derechos humanos.
Sentencian que su labor será una “pantomima porque cubrirá las torturas, las muertes y la persecución política de aquellos que se atreven a denunciar las injusticias”.