Diputados de El Salvador trasmitieron este jueves su apoyo a la iniciativa que solicita al Parlamento la ratificación del “Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”.
Al respecto, la asambleísta del movimiento Vamos, Claudia Ortiz, señaló que “se tienen denuncias de detenciones injustas, arbitrarias y violatorias a la dignidad de la gente” tras cumplirse cien días de la imposición del régimen de excepción por el Gobierno de Nayib Bukele.
Añadió que el gobierno “debe responder por qué siguen encarcelando a inocentes, por qué hay familias que no se les dice dónde están sus familiares detenidos arbitrariamente, por qué no se da una respuesta de parte del Estado para cuidar a la gente”.
La iniciativa de ratificar el protocolo internacional procura examinar la situación real de los que han sido detenidos en el marco del régimen de excepción, cuando se reportan múltiples violaciones a los derechos humanos.
La Fundación Cristosal apuntó que alrededor de 54 prisioneros han fallecido en instalaciones penitenciarias locales debido a la falta de atención médica, así como la escasez de insumos para atender sus afecciones.
A partir de ello, Ortiz denunció que los internos son tratados “como la peor basura” mientras enfatizó que “el Estado no está para tratar mal a las personas, para denigrar su integridad o para incluso permitir que fallezcan a manos del Estado”.
El Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes fue aprobado en 2002 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y entró en vigor en el año 2006.
Dicho documento busca promover la prevención ante las prácticas de tortura y maltratos en las instalaciones penitenciarias, a través de una serie de inspecciones periódicas por diversos organismos de DD.HH. independientes.
¿Queremos ser un país de paz?🕊 Empecemos por esto
— Claudia Ortiz (@ClaudiaOrtizSV) July 6, 2022
Ayer diputados de diferentes partidos respaldamos una iniciativa para ratificar un protocolo de la ONU contra la tortura 📃
El Estado no debe torturar, dejar morir ni matar a quienes están bajo su resguardo, ni ahora ni nunca pic.twitter.com/bNO674Z5wk
Este tipo de injusticias no se pueden callar
— Kenia Gómez (@kengo1811) July 6, 2022
El Estado debe responder por los crímenes que esta cometiendo#LiberenAAngel https://t.co/mPYikcYu4h
La CIDH realizó la audiencia pública sobre el estado de derechos humanos en El Salvador y lamentó la inasistencia del Estado. Organizaciones denunciaron las violaciones ocurridas durante el régimen de excepción y se pronunciaron por las víctimas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó este jueves 23 de junio una audiencia pública sobre la situación de derechos en El Salvador en la que el Estado no tuvo participación, pues decidió no asistir. Organizaciones de sociedad civil que estuvieron presentes y jueces de la CIDH lamentaron la incapacidad gubernamental para pronunciarse por personas que han sido víctimas del régimen de excepción.
“Lamentamos grandemente que el Estado salvadoreño no haya querido rendir cuentas sobre la situación de derechos humanos en el país. Las víctimas de detenciones arbitrarias, de ejecuciones extrajudiciales y tortura. Parece que deberán seguir esperando la respuesta ante estas injusticias. A pesar del silencio Estatal, junto a 13 organizaciones nacionales e internacionales queremos externar nuestra preocupación por el impacto en derechos humanos que ha tenido la aplicación de un régimen de excepción en El Salvador, vigente desde el 27 de marzo”, expuso Verónica Reyna, del Servicio Social Pasionista (SSPAS).
Al menos cinco factores fueron argumentados ante la CIDH durante la audiencia. La abogada y defensora de derechos humanos de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Sonia Rubio, planteó el establecimiento del plazo indefinido de la detención para los capturados durante el régimen, el aumento de pena para los menores de edad que pueden ser juzgados desde los 12 años y jueces anónimos a cargo de los procesos judiciales.
Asimismo, la recompensa económica para denunciar a personas y la omisión de las autoridades del sistema judicial y penitenciarias sobre la muerte de privados de libertad fallecidos.
La jefa jurídica en Seguridad de la organización Cristosal, Zaira Navas, también destacó elementos que han constituído vulneraciones a los derechos de las mujeres durante la medida vigente. Denunció el impacto de las detenciones que recae sobre las mujeres que son las que buscan información de los detenidos, el abuso y acoso sexual que sufren por parte de los elementos captores y custodios dentro de los centros penitenciarios.
Durante el evento, Amnistía Internacional pidió a la CIDH mantenerse vigilante de la situación que atraviesa el país con el régimen de excepción y pidió redoblar los esfuerzos. Además, monitorear la situación de los derechos humanos, que exhorte al Estado la derogación del Estado de Excepción, la creación de una política de reparación para las personas que han sido víctimas durante este periodo y que haya intervención de organismos internacionales para que puedan visitar el país y verificar la situación.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un llamado al Estado salvadoreño a que reduzca el hacinamiento que ha aumentado por el régimen de excepción, que investigue la muerte de reos de “forma rápida, seria e imparcial”, además de identificar a los culpables, brindar reparación a las víctimas y evitar más muertes.
También condenó “las deplorables condiciones de detención” que existen en las prisiones salvadoreñas, como constató el organismo en una visita al país en 2019, y que se habrían “agravado” bajo el régimen de excepción.
“Reducir el hacinamiento a través de la aplicación de medidas alternativas a la privación de libertad, así como a garantizar condiciones de detención dignas, asegurar alimentación suficiente y de calidad, y garantizar el contacto de las personas detenidas con el mundo exterior a través de visitas y llamadas regulares”, señaló la CIDH.
La Comisión detalló que le “preocupan” las prórrogas del régimen y “las consecuentes restricciones a los derechos humanos”, ya que “la suspensión de garantías no constituye un medio para enfrentar la criminalidad común”.
Según datos oficiales citados por la CIDH, más de 36,000 personas habrían sido detenidas bajo el régimen de excepción, y al menos 21 habrían muerto mientras estaban privadas de libertad, de los que la mitad habrían muerto a golpes.
El organismo recordó al Estado salvadoreño que “tiene el deber jurídico ineludible” de garantizar la vida, la salud y la integridad de los arrestados.
También reprochó “la falta de información pública y precisa” sobre las detenciones e instó a El Salvador a “cumplir con su obligación de informar inmediatamente” a la persona detenida, a sus familiares y a representantes sobre las razones del arresto.
El organismo ha recibido información de la sociedad civil sobre detenciones masivas arbitrarias, basadas en la edad, la condición socioeconómica y la apariencia física, como el hecho de tener tatuajes artísticos.
Los fuertes señalamientos de la organización que vela por la defensa de los derechos humanos, reiteró al Estado salvadoreño para que se asegure de que “las acciones de prevención, como las relativas a la investigación, juzgamiento y sanción a los crímenes se implementen dentro de los límites y procedimientos que garanticen la seguridad pública y el respeto a los derechos humanos y garantías judiciales, preservando la dignidad humana como un todo”.
En 2019, la CIDH visitó El Salvador y en su informe señaló “la deficiente infraestructura, condiciones de insalubridad, falta de higiene, atención médica insuficiente, escaso e inadecuado acceso al agua en los centros de detención”.
La CIDH estimó que estas condiciones se caracterizan por la negligente atención médica, la poca alimentación por la escasez de alimentos, golpizas y uso de gas pimienta en contra de los reos.
Hacinamiento de 274%
Según los datos proporcionados por Centros Penales, hasta marzo de este año en todas las cárceles había una población de 39,538 de reclusos. Esta cantidad sumada a los 36,468 sumados al 1 de junio, ya hay 76,006 de la población salvadoreña en los centro penitenciarios, sin contar a los menores de edad. Hace ocho días eran 74,547 presos.
Héctor Carrillo, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, indicó que las más de 36,000 detenciones registradas en los más de dos meses de vigencia del estado de excepción registraría una sobrepoblación carcelaria del 274 %