Para ambas organizaciones, el régimen de excepción que implementa el gobierno de Nayib Bukele se ha convertido en un instrumento violatorio de los derechos humanos de hombres que son detenidos arbitrariamente, encarcelados y hasta torturados dentro de las cárceles.
Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal, manifestó que las políticas implementadas por el Ejecutivo incentivan los abusos masivos por parte del ejército y de la policía.” El Estado ha vuelto a capturar arbitrariamente, a torturar a matar, en nombre de la seguridad nacional”.
Hasta la fecha cita el informe, cerca de 90 personas fallecieron centros penales luego de ser detenidos durante el régimen de excepción aprobado en marzo y han venido prorrogando hasta la fecha,
De acuerdo con otra investigación periodística de la Revista Factum, hay documentos que contradicen al gobierno y confirman los homicidios de detenidos en el régimen de excepción, donde al menos seis casos ocurrieron en los primeros 50 días de implementar la medida.
Esta afirmación está respaldada por documentos a los que tuvo acceso Factum a través de DDOSecrets, una organización que obtuvo la información producto del hackeo ocurrido a finales de junio pasado y efectuado por el grupo de hackers llamado “Guacamaya” a la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada de El Salvador, México, Chile. Colombia y Perú.
Dicha información coincide con las investigaciones de Human Rights Watch y Cristosal, quienes desvirtúan las causas de estas muertes y que según las autoridades gubernamentales fueron a por “edema pulmonar” o “edema cerebral, pero miembros del Grupo Independiente de Expertos Forenses (IFEG) determinaron que los certificados no cumplían con los estándares legales ni con la práctica médica internacional.
Ante esto, estos organismos dieron una serie de recomendaciones al gobierno de Bukele, entre la más importante, terminar con el régimen de excepción por la carencia de evidencias sólidas que demuestre “que sus restricciones a los derechos humanos fundamentales son proporcionadas y estrictamente necesarias para responder a una situación que ponga en peligro la nación”.
En lugar de adoptar medidas para evitar detenciones arbitrarias, el presidente Bukele ha respaldado públicamente a las fuerzas de seguridad y ha actuado de manera intimidatoria hacia los pocos jueces y fiscales independientes que quedan en el país y que podrían investigar los abusos”, refiere el documento presentado por estas organizaciones.
La respuesta del mandatario salvadoreño fue un rotundo “NO” a la petición de suspender el régimen de excepción que va por su octavo mes. HRW también ha solicitado una reunión con Bukele para dar a conocer el informe, pero aún no hay respuesta.
Sobre las detenciones arbitrarias, los especialistas en derechos humanos explicaron que estas se han documentado capturas sin orden judicial previa y sin evidencias.
El delito de los salvadoreños que atraviesan este calvario es por su vestimenta, por tatuajes o residen en algunos de los barrios estigmatizados por la sociedad, criterios que a su juicio no son motivo para detenciones, incluso de salvadoreños con discapacidad o adultos mayores con enfermedades crónicas.
Asimismo, mencionaron que durante el proceso de investigación constataron que entre marzo y fines de septiembre, algunos jefes policiales exigían a los agentes una cuota de arrestos por día, situación que fue denunciada en abril y junio por el Movimiento de los Trabajadores de la Policía (MTP).
Juan Pappier, director asociado para las Américas de Human Right Wacht, dijo a pesar de haberse suspendido la” cuota” de arrestos a finales de septiembre, no se descarta que pueda ser utilizada nuevamente por el gobierno.
No es de sorprender que la retome, apunto Pappier, por que el presidente Bukele le gusta “andar publicando una cantidad de arrestos y hacer gala sobre la cantidad de capturas”.
Finalmente Human Rights Watch y Cristosal concluyen que estas violaciones generalizadas de Derechos Humanos es producto del rápido desmantelamiento de las instituciones democráticas cometido por parte del presidente Bukele desde que asumió el cargo en 2019.