Descubrir la corrupción de los gobiernos anteriores fue posible porque había acceso a la información pública. Ahora, todas las carteras del estado las han blindado.
Al cuarto año de gobernar a El Salvador, Nayib Bukele sigue sin rendir cuentas sobre las finanzas públicas y al menos 22 dependencias estatales han blindado la información pública, según una publicación de la Revista Digital Gato Encerrado.
El medio cita que la Corte Suprema de Justicia y a la Corte de Cuentas de la República, también ha puesto en reserva toda la información relacionada con los gastos.
La medida gubernamental, según organizaciones civiles y analistas políticos, es para cubrir a sus familiares, amigos y socios de los señalamientos de corrupción cometidos durante su administración.
Asimismo, recalcan que Bukele alardeó con terminar la corrupción, pero decidió abrazarla y proteger a sus funcionarios acusados por el Departamento de Estados de los Estados Unidos de actos corruptivos y de socavar la democracia.
De acuerdo con Gato Encerrado, a la fecha, el gobierno esta pendiente de explicar gastos, contratos y planes. Estos últimos son desconocidos por la población, entre ellos, el Plan Nacional de Salud, el Plan Control Territorial, los procesos de adquisición de vacunas covid-19, incluso las cabinas que adquirieron supuestamente para la vacunación.
Todo ese secretismo y ocultamiento de información ha puesto a El Salvador muy abajo del índice de percepción de la corrupción, no llegando ni al promedio de América.
De acuerdo con Transparencia Internacional, el reporte anual sobre el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), el Salvador ha obtenido 33 puntos en el informe, lo que significa que sus habitantes perciben que existe mucha corrupción en el sector público. El país se ubica en el lugar 116 del ranking de corrupción en un listado de 180 países.
Sobre esto, especialistas en transparencia advierten que el país ha caído en un abuso del mecanismo de reserva de información que provee la Ley de Acceso a la Información.
Los especialistas en acceso a la información Xenia Hernández y la excomisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública, coinciden que el órgano Ejecutivo evade la transparencia para evitar la fiscalización ciudadana.
Otro de los organismos internaciones que cuestiona la falta de transparencia es la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), entidad que en septiembre de 2022 emitió un pronunciamiento titulado “Corrupción y Régimen de Excepción en El Salvador: una democracia sin oxígeno”.
El documento señaló que desde el inicio del gobierno de Nayib Bukele, la confidencialidad en la gestión pública pasó a ser la norma y el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) dejó de tener independencia.
Sin embargo, el gobierno promueve la no transparencia porque sabe que ésta es una herramienta para la lucha contra la corrupción porque implementa la auditoria ciudadana de los actos del gobierno.
Los expertos en el tema refieren que precisamente la rendición de cuentas hizo posible que casos de corrupción como el del expresidente Mauricio Funes y el exdiputado Sigfrido Reyes se dieran a conocer a través del derecho al acceso a la información pública, pero Bukele teme ser expuesto por su mal gobierno.
A pesar de los candados del gobierno, varias investigaciones periodísticas, entre ellos Gato Encerrado, El Faro y Revista Factum, han dado a conocer la corrupción, otras a través de las listas de la Sección 353 de Actores Corruptos y Anti Democráticos (lista Engel) emitida por el gobierno de los Estados Unidos.
